Asesoramiento en Baralla, comarca de Os Ancares, sobre el parque eólico Reboiro

• Autor: OEGA
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El OEGA participó en una actividad de asesoramiento vecinal en Baralla, invitados por el grupo municipal del BNG, en un acto abierto la toda la ciudadanía y en el que participó también la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA).

La intervención del OEGA giró alrededor de los efectos socioeconómicos de la energía eólica en las comunidades locales. La actividad de asesoramiento se produjo como consecuencia de la información pública vinculada con la autorización del parque eólico Reboiro, compartido por Baralla y los vecinos Castroverde y O Corgo.

Energía eólica en Baralla

Desde 2019 en Baralla existen 3,3 MW en funcionamiento, correspondiente a un aerogenerador del parque eólico Punago-Vacariza. Son los únicos MW existentes en la actualidad en la comarca de Ancares. En esta comarca también se sitúan los ayuntamientos de Navia de Suarna, Cervantes, As Nogais y Pedrafita do Cebreiro. El vecino ayuntamiento de Castroverde, incluido en la comarca de Lugo, es quien tiene una mayor capacidad eólica instalada en esta parte de la provincia de Lugo: 59,4 MW, de los parques eólicos Punago ( desde 2004) y Monciro y Serra del Punago-Vacariza (ambos iniciados en 2019). Reborio, promovido por Green Capital Power, es un parque de 49,5 MW, de los que 36 estarían en Baralla. Asimismo, desde finales del 2021 está también autorizado PE Serra da Lagoa, de 29 MW, promovido por Enerxías Renovables de Galicia, S. A. Todo él está en Baralla.

Efectos económicos previstos del PE Reboiro

En los documentos que la promotora tiene en exposición pública se indica que “gracias a esta infraestructura se crearán nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo, lo que mejorará la actividad económica de la zona”. Señala también el impacto positivo en la calidad de vida de la ciudadanía pues el parque “contribuirá a mejorar la calidad de suministros eléctricos en la zona…disminuyendo los cortes eléctricos y las caídas de tensión”. Asimismo, la promotora recalca que “los nuevos ingresos del ayuntamiento por la instalación del parque serán aprovechados para nuevos equipamientos que mejorarán la calidad de vida de sus habitantes”. La empresa también constata que en el medio rural gallego se está produciendo un éxodo cara las ciudades, por lo que “cualquier actividad que permita a la población ser capaz de sustentarse o atraer nuevos habitantes es un avance. Con la instalación del parque aumentará la actividad económica de la zona, aprovechándose recursos previamente no aprovechados y causando pocos perjuicios en comparación con los beneficios obtenidos, tanto al medio cómo a la sociedad”.

La promotora descarta cualquier efecto sobre el turismo ya que las instalaciones “van a estar integradas en el paisaje de la zona y las molestias causadas polo funcionamiento de los aerogeneradores son mínimas”.

Estas declaraciones de la promotora no están cuantificadas en los documentos en exposición pública. Además, son afirmaciones que no tienen valor jurídico: la empresa con ello no se compromete a nada. Si el parque se construye finalmente y esos efectos positivos no se producen, la empresa no padecerá ningún tipo de problema. Así mismo, si los efectos negativos que dice no se producirán si alguno de ellos ocurriese (efectos sobre el turismo, por ejemplo), la promotora tampoco tendría ningún coste.

El OEGA cuantificó la cuantía de algunos de los efectos económicos mencionados y presentó evidencias de lo que ocurre en otros territorios con fuerte desarrollo eólico.

Estimaciones de las rentas locales

Reborio sería uno de los parque eólicos con mayor producción y productividad de los existentes en Galicia hasta ahora. Según declara la promotora, los 173 GWh anuales de producción colocaría a Reboiro con 3.500 horas de funcionamiento, un 46% más del que produce la media de los parques eólicos en Galicia.
Para llegar desarrollar el parque sería necesario invertir casi 40 millones de euros. ¿Cuál sería el precio de la electricidad producida? No lo sabemos, claro. Hagamos una estimación con datos de Red Eléctrica Española. Si el precio vigente fuese el de 2019, la facturación anual sería de algo más de 9 millones de euros anuales. Si fuese el de 2020, el menor del último lustro, a penas se llegaría a los 7 millones de euros anuales. Sin embargo, si fuese el de 2021, la facturación anual alcanzaría los 20,5 millones anuales, y si la electricidad se vendiese al precio medio de marzo de 2022, la facturación anual sería de 35,5 millones de euros. En un abanico de 7 a 35,5 millones de euros, con una inversión de 40 millones: las opciones para la empresa, y para los actores económicos locales, son inmensas.

Estimamos que el Ayuntamiento de Baralla cobraría anualmente 72.000 euros por el IBI y 33.752 por el IAE (al repartir todo el parque entre Ayuntamientos según el número de aerogeneradores). Además tendría unos ingresos derivados del canon eólico: la recaudación de ese tributo autonómico sería de 32.800 euros, y será la Xunta de Galicia quien determine cuánta de esa recaudación correspondería al Ayuntamiento. Los ingresos anuales para el ayuntamiento de Baralla nunca serían superiores a los 105 mil euros más la parte correspondiente del canon eólico.

Además recibiría una cantidad una única vez: la que se corresponde con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, pagadero al inicio de la construcción. El tipo impositivo vigente para ese impuesto es de 3,5%, lo que representaría casi 1 millón de euros para este ayuntamiento de la comarca de los Ancares.

La empresa promotora del parque eólico Reboiro no solicita en estos momentos la declaración de utilidad pública de esta actividad. Así, se desconoce la relación de bienes y derechos afectados por el parque. Sin embargo, es obvio que los propietarios y propietarias de las tierras cobrarán alguna cantidad como consecuencia de su construcción, si finalmente es autorizado por la Xunta de Galicia. El OEGA explicó las opciones que se abren. Al no ser solicitada aún la declaración de utilidad pública la expropiación, por ahora, estaría descartada. Si se mantiene esa situación, se abren otras opciones. La venta de las tierras estaría excluida para los montes vecinales. El OEGA siempre aconseja descartar esa opción incluso para las tierras eólicas individuales. Buscar un acuerdo económico entre las partes es una mejor opción y ese pago anual se formalizaría en un contrato. Se recomendó partir de la propuesta de contrato tipo elaborado por el OEGA.

También se presentaron los precios medios más comunes que se están estableciendo en la actualidad en Galicia: de 0,31 a 1,17 €/m2 año para las tierras sometidas a pleno dominio, y de 0,15 a 0,425 €/m2 año para las tierras bajo algún tipo de servidumbre o afección distinta al pleno dominio.

El OEGA también presentó los últimos resultados de la estimación de las rentas que cobran los propietarios a nivel gallego: un 2,5% de la facturación total de los parques eólicos en 2020 se convirtió en renta local.

Las percepciones de la ciudadanía

Las personas asistentes a este acto informativo expresaron su profunda preocupación por la falta de información de las comunidades locales, la debilidad que sienten frente a las compañías eléctricas y el desamparo en el que se encuentran. Manifestaron su temor por el futuro de las aldeas de Barralla, e incidieron en las dificultades que tienen las pequeñas explotaciones agrarias y las nuevas familias para sobrevivir en el actual contexto de crisis económica y ambiental. Manifestaron su apoyo a la energía eólica y a las energías renovables pero resaltaron que ni el gobierno autonómico ni el ayuntamiento trabajan para fomentar nuevas actividades económicas que permitan romper con las dinámicas de la población local: el ayuntamiento de Baralla perdió 2000 habitantes nos últimos 40 años.
Xavier Simón, quien realizó esta actividad informativa, mostró los resultados socioeconómicos en la Tierra Chá, destacando que incluso en esa comarca, donde se produjo en el 2020 casi el 20% de toda la electricidad gallega derivada de parques eólicos, los efectos socioeconómicos sobre las comunidades locales no son perceptibles.

Belén Rodríguez, de ADEGA, por su parte resaltó de forma detallada los efectos ambientales de los parques eólicos sobre los ecosistemas.