Parques eólicos fuera de las áreas de desarrollo eólico, ¿una oportunidad para el desarrollo del rural?

• Autor: OEGA
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Hace unos meses, el Observatorio Eólico de Galicia ya había llamado la atención sobre lo hecho de que todo el territorio rústico gallego que no había tenido protección ambiental se convertiría en objetivo de los nuevos parques eólicos. Si bien en un principio la Xunta de Galicia informaba negativamente aquellos parques eólicos que pretendían colocar sus instalaciones fuera de las áreas aptas para eso fijadas en el Plan Sectorial Eólico de Galicia (PSEG) ahora el Consello de la Xunta toma la decisión (en tres momentos diferentes) de impulsar la tramitación de 13 parques eólicos acogiéndose “a la figura de la excepcionalidad» incluida en la LAEGA. Son parques de potencia superior a 50 MW cuya autorización corresponde al gobierno de España y sobre los que el Consello de la Xunta viene de habilitar la «excepcionalidad» para ser instalados en zonas no contempladas en el PSEG.

Las 3 decisiones del Consello de la Xunta

Ocurrieron el 23 de junio y el 3 y 17 de noviembre. En el mes de junio acordaron acogerse a la figura de la excepcionalidad para declarar los parques Orzar (56MW) y Tornado (67,2MW) “como proyectos con una clara incidencia territorial por su entidad socioeconómica y con una función vertebradora y estructurante del territorio”. El documento que da publicidad al acuerdo indica que “en el caso de aprobarse se permitirá su ejecución fuera de las áreas del Plan sectorial eólico de Galicia”.

Esos dos parques sometieron a información pública el estudio de impacto ambiental, la solicitud de autorización administrativa previa y la solicitud de reconocimiento de la utilidad pública en febrero de 2021. Sus promotoras son Greenalia Wind Power Orzar, S.L.U. y Greenalia Wind Power Tornado, S.L.U.

El Consello de la Xunta vincula la tramitación de estos parques con la empresa Showa Denko, una industria electrointensiva situada en A Coruña, pues así abaratará su factura eléctrica. Se señala que los contratos PPA (Power Purchase Agreement) entre Showa Denko y “…los dos parques eólicos -promovidos por Greenalia con una inversión de 97,8 millones de euros-, permitirían ahorros de más de 60M€ en los primeros ocho años, lo que favorecería la competitividad de la planta y su viabilidad futura, toda vez que está estudiando, además, una ampliación en su actual sed en A Coruña, en la que trabajan más de 170 empleados.”. En la publicación realizada con motivo del acuerdo de 17 de noviembre (ver abajo) la Xunta indica que esta empresa cubrirá el 81% de sus necesidades energéticas.

En el acuerdo de 3 de noviembre los parques eólicos recogidos a la excepcionalidad son Borrasca (84MW), Monzón (50,4MW) y Ventisca (89,6MW). Estos parques sometieron a información pública el estudio de impacto ambiental y la solicitud de autorización administrativa previa en agosto de 2021. Ventisca y Monzón fueron acumulados en el mismo procedimiento junto con el parque eólico Boura (ver después). Sus promotoras son Greenalia Wind Power Borrasca, SL; Greenalia Wind Power Ventisca, SL y Greenalia Wind Power Monzón, SL.

En este caso, el Consello de la Xunta vincula la tramitación de estos parques con la empresa electrointensiva Alcoa San Cibrao, para tratar de abaratar la factura eléctrica, un “requisito indispensable para poder reactivar la producción de aluminio primario, actualmente parada por el encarecimiento del precio de la luz.”

Con este Acuerdo » se estima que estos contratos PPA (Power Purchase Agreement, acuerdos de compra de energía) entre la compañía y la promotora de los parques eólicos -Greenalia prevé invertir 267 millones de euros-, alcanzarían el 9 % de las necesidades energéticas de Alcoa.»
En el acuerdo de 17 de noviembre los parques eólicos recogidos a la excepcionalidad son Tesouro (60MW), Caaveiro (72MW), Badulaque (90MW), Barqueiro (150MW), Santuario (180MW), Moeche (53MW), Levante (106,4MW) y Boura (72,8MW). Los 6 primeros parques promovidos por Enel Green Power España, SL sometieron a información pública el estudio de impacto ambiental y la solicitud de autorización administrativa previa, el 15 de junio los dos primeros y el 7 de julio los restantes. Levante y Boura, por su parte, promovidos respectivamente por Greenalia Wind Power Boura, S.L.U. y Greenalia Wind Power Levante, SLU sometieron a información pública el estudio de impacto ambiental y la solicitud de autorización administrativa previa . La publicación de Boura ocurrió en agosto del 2021 y la de Levante ocurrió el 22 de abril del 2022.

La Xunta de Galicia señala que acude a este procedimiento excepcional ya que así “..las empresas Alcoa San Cibrao y Sentury Tire podrán acceder la energía verde a un precio más competitivo.» Y apunta específicamente que Sentury cubrirá el 100% de la demanda de la futura planta de neumáticos que la compañía prevé en As Pontes mientras que Alcoa cubrirá el 45% de sus necesidades energéticas en la planta de San Cibrao.

Que decía la Xunta cuando se sometieron la información pública estos parques eólicos

Durante los períodos de exposición pública, la Xunta emitió una serie de informes para la mayoría de estos parques eólicos. Aquí se puede consultar el que había emitido para uno de ellos, el parque eólico Santuario. Un resumen del contenido de estos informes es el siguiente:

• La Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para lana Transición Ecológica y él Reto Demográfico, órgano competente para resolver la autorización administrativa previa de los parques eólicos mencionados solicitaba a la Xunta de Galicia para su consulta y emisión de su parecer al respeto.
• Entre las consideraciones legales y técnicas, la Xunta indicaba que el artículo 6.4 del Tïtulo II de la LAEGA es de aplicación para los parques eólicos cuya autorización no es competencia de la Xunta de Galicia (como el caso que nos ocupa) y especificaba que “no se podrán implantar parques eólicos fuera de las áreas incluidas en el PSEG”
• Asimismo, en algunos casos como es el de Santuario, se señalaba también el artículo 32 de la LAEGA que establece que “Quedan excluidos de la implantación de nuevos aerogeneradores aquellos espacios naturales declarados como zonas de especial protección de los valores naturales por formar parte de la Red Natura 2000, con arreglo la normativa vigente en cada momento. Se exceptúan de lo anterior las modificaciones de parques eólicos en explotación cuando la modificación suponga una reducción de, al menos, el 50 % de los aerogeneradores previamente instalados endicha zona de Red Natura.”

 

A partir de la anterior base jurídica, la Xunta realizaba análisis espaciales de los proyectos para constatar si las infraestructuras del parque eólico se encontraban dentro o fuera de las Áreas de Desarrollo Eólico incluidas dentro del PSEG. Indicaban que este plan sectorial es el “instrumento en el que se definen las áreas de la Comunidad Autónoma en las que es posible desarrollar proyectos de aprovechamiento de la energía eólica.”

Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes, la Xunta informaba desfavorablemente los proyectos de más de 50 MW que se asentaban había sido de las Áreas de Desarrollo Eólico por incumplir las disposiciones del PSEG y de la LAEGA. Entre ellos, la mayoría de los 13 incluidos en esta noticia.

El carácter planificador del PSEG y las quiebras del sistema

El Observatorio Eólico de Galicia realizó diversas consultas jurídicas al respeto de estos hechos y decisiones. Con la única intención de añadir argumentos para ser considerados en el diseño de las políticas públicas, compartimos las siguientes reflexiones.

El Plan Sectorial Eólico de Galicia (PSEG) es el instrumento básico de la planificación del aprovechamiento eólico de Galicia, como establece el artículo 5.2. Ley que regula el Aprovechamiento Eólico en Galicia y crea el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental (LAEGA). En un principio, el PSEG marca el ámbito máximo de afectación sectorial eólica con influencia en la (re)cualificación del Suelo Rústico (SR) en el conjunto del territorio.

El PSEG es una especie del género Plan Sectorial y en tanto que PS un instrumento de ordenación del territorio, definido así en el art. 35 Ley de Ordenación del Territorio de Galicia (LOTG). Como mencionábamos, el sector eólico tiene una ley propia de referencia que diseña los contenidos del PSEG, y lo hace en el artículo 6 de la LAEGA:

“1. El Plan sectorial eólico de Galicia abarcará aquellas áreas en las que se estime, después de informe del INEGA, la existencia de recursos eólicos aprovechables y tendrá carácter vinculante para los distintos sujetos que operen en el sector.
2. El Plan sectorial eólico contendrá, como mínimo, las siguientes determinaciones:
a) Delimitación de los ámbitos territoriales en los que podrán localizarse las infraestructuras e instalaciones objeto del plan.
b) Descripción de las características generales de las infraestructuras, dotaciones o instalaciones previstas en el plan.
c) Directrices para la elaboración de los proyectos sectoriales o de los proyectos objeto de licencia municipal para el caso previsto en el artículo 39.2 de esta ley.
d) Medidas para articulación con el @planeamento y plazo para realizar su adecuación.
e) Incidencia territorial y ambiental.

3. El Plan Sectorial Eólico de Galicia será tramitado como plan sectorial de incidencia supramunicipal…y en él se establecerán las condiciones generales para el desarrollo de las infraestructuras, dotaciones e instalaciones de los parques eólicos en el territorio de la comunidad autónoma.”

Parecería claro deducir que no cabe la implantación de parques fuera del territorio señalado por el PSEG, pero eso no es así, lo que supone, según nuestro informado criterio, una importante quiebra del principio integrador y de planificación conjunta señalados en el artículo 35 LOTG, mencionado anteriormente. En efecto, como mostrábamos anteriormente al presentar los acuerdos del Consello de la Xunta, la regla conoce importantes excepciones.

La LAEGA presume de planificación del aprovechamiento eólico en el artículo 5, fijando como instrumento de planificación el PSEG, y dándole contenido en el propio artículo 6, pero establece una importante excepción:

“4. No podrán implantarse parques eólicos fuera de las áreas incluidas en el Plan sectorial eólico de Galicia, con la excepción
• de las modificaciones sustanciales de los parques en funcionamiento en los términos que se desarrollen reglamentariamente,
• así como aquellos proyectos que tengan una clara incidencia territorial por su entidad económica y social, posean una función vertebradora y estructurante del territorio y sean declarados cómo tales por el Consello de la Xunta de Galicia, por propuesta de la Consellaría competente en materia de energía.”

La resultante es que en realidad un Proyecto de Interés Autonómico de Parque Eólico (PIAPE), que es un proyecto sectorial y por ello un instrumento jerárquicamente subordinado a un Plan Sectorial (según los artículos 19, 20 36, 38 y principalmente el 39 de la LOTG) en la práctica vulnera este principio a consecuencia de esta disposición. Asimismo, es algo difícilmente compatible con lo prescrito en la propia Disposición Adicional 5ª que indica que la eficacia del PIAPE es la señalada en los artículos 46 y 48 de la LOTG, que señalan su eficacia contextual y por lo tanto subordinada a un pln sectorial, en este caso al PSEG.

Y ahora que?

Pues ahora toca esperar acontecimientos. La lectura de los tres acuerdos del Consello de la Xunta de Galicia muestran unas decisiones que buscan dos objetivos. Primero, confrontar con el gobierno central, estando expresado este proceder en muchas de las líneas que se recogen en la propia declaración: por ejemplo “Ante la caótica política energética del Gobierno y la falta de soluciones concretas para la industria electrointensiva”; o, “el Gobierno gallego espera la sensibilidad del Ejecutivo central”

En segundo lugar, favorecer a las grandes industrias multinacionales del sector energético e industrial electrointensivo. Favorecer el tejido industrial gallego es una buena iniciativa. Eso está presente en las decisiones del Consello de la Xunta y en la ahí referida Ley 3/2022, de 18 de octubre , de áreas empresariales de Galicia. En ella se fijan los nuevos criterios para determinar la naturaleza estratégica de los proyectos industriales al cumplir al menos dos criterios (inversión mínima de 20 millones, por lo menos 100 puestos de trabajo directos, que sean estratégicos en el contexto de los fondos next generation). También se establece que algunos proyectos eólicos podrán ser considerados prioritarios si destinan el 50% de su producción a empresas con las que suscriban un acuerdo directo de compraventa de energía a largo plazo y a precio competitivo.

Desde lo OEGA echamos en falta lo que venimos reclamando desde hace años. El mundo rural, las explotaciones agrarias, ganaderas y forestales, las pequeñas y medianas empresas asentadas en estos territorios, también las de carácter energético local no existen para la Xunta de Galicia y su política de promoción de las fuentes renovables y de los parques eólicos en particular. En la Ley de Áreas Empresariales no existe ni una mención pro activa para el medio rural. Los criterios para considerar estratégicos y o prioritarios los proyectos son definidos para ser cumplidos por las grandes compañías, en la mayor parte multinacionales. Olvida esta política de incentivos que la mayor generación de empleo ocurre con las empresas de pequeño y medio tamaño, descuida el hecho contrastado de que las inversiones intensivas en capital son precisamente los que menor capacidad de generación de empleo poseen. Por otra parte, hay que recordar que el encarecimiento de la electricidad afecta en mucha mayor medida a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomas y autónomas. Lo que venimos pidiendo desde lo OEGA es que sean precisamente estos últimos intereses económicos los que tengan acceso preferente a sistemas de obtención de energía barata. Solo así podemos garantizar la sostenibilidad del tejido empresarial generador de empleo permanente y de actividad económica local y comarcal de largo recurrido. Ese tejido “no golondrina”, que no está en Galicia para aprovechar una “aventaje comparativa” (mucha electricidad barata). Un tejido enraizado y anidado en el mundo local y rural gallego (240 de 314 ayuntamientos son rurales según la UE) que hasta ahora solo fue considerado como la fuente accesible, permanente y segura de recursos renovables (antes hidráulica, ahora eólica) para producir electricidad de la que apenas se benefició.