Movilización social contra los macroparques eólicos en el noroccidente coruñés

• Autor: OEGA
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En las últimas semanas hemos sido testigos de un goteo continuo de nuevos procedimientos administrativos para parques eólicos. Junto a aquellos en los que la Xunta de Galicia tiene la competencia exclusiva para su autorización (los de menos de 50 MW), existen varios parques eólicos, presentados al Gobierno español para su autorización y evaluación ambiental. En un post anterior de esta web ya presentamos una estimación del volumen de potencia en tramitación desde Madrid. Hoy queremos referirnos a un ejemplo concreto.

Se trata de 4 parques eólicos que Iberdrola Renovables Galicia, SA pretende desarrollar en varios municipios de A Coruña: los parques eólicos de Pedrabante, Pena do Corvo, Berdoias y Alto dos Borrallos. Se trataría de una capacidad total de 292,5 MW, colocando 65 aerogeneradores de 4,5 MW, con una altura de buje de 107,5 m y un diámetro de rotor de 145 metros. La inversión prevista es de 286 millones de euros. Estos parques eólicos se convertirían en los más productivos de toda Galicia, alcanzando un factor de potencia del 44% (frente al actual 27% de media) y su producción eléctrica sería casi el 7% del consumo eléctrico gallego (extraído del Balance Energético de Galicia 2019, Inega ).
Esta iniciativa de la multinacional Iberdrola ha generado respuesta social. Y esto, principalmente, por los siguientes motivos.

Un macroparque eólico dividido en 4 subparques

Las personas afectadas afirman que la empresa está intentando cometer un fraude presentando un gran parque eólico diluido en 4 infraestructuras que la empresa ha presentado por separado para su autorización administrativa. Con esta táctica, señalan desde grupos ecologistas de A Coruña, la compañía intenta evitar presentar los efectos sinérgicos de una infraestructura de casi 300 MW, casi 150 kilómetros de Línea de Alta Tensión y más de 500 puntos de apoyo para esa LAT.

Del análisis realizado por OEGA de los documentos de cada parque eólico se deduce que los 4 parques comparten dos infraestructuras básicas de nueva construcción, sin las cuales ningún parque eólico funcionaría: la Subestación Colectora Mesón do Vento y la propia LAT de conexión entre esa Subestación Colectora y la Subestación Mesón do Vento, esta ya existente, propiedad de Red Eléctrica Española. Ningún parque eólico podría funcionar sin esas infraestructuras compartidas. Además, en particular, como se puede ver en la figura adjunta, el parque eólico Berdoias no podría existir sin el parque eólico Pedrabante y el parque eólico Pena do Corvo no existiría sin el parque eólico Alto dos Borrallos.

 

Intento de colocar aerogeneradores fuera de las Áreas de Desarrollo Eólico

Como también se puede apreciar en la figura adjunta, todos los aerogeneradores del PE Pena do Corvo, Berdoias y Pedrabante, y una parte sustancial de los correspondientes a Alto dos Borrallos, se encuentran fuera de las Áreas de Desarrollo Eólico. Hay varias voces en contra de esta opción, dado el marco legal actual. Entre ellas, la más importante es la de la propia Xunta de Galicia que, a través de la emisión de varios informes, obligatorios pero no vinculantes, ha manifestado que “… por todo lo anterior, se informa desfavorablemente el proyecto del parque eólico….. … impulsado por IBERDROLA RENOVABLES GALICIA SA, ya que todas sus posiciones y el polígono no cumplen con lo establecido en el PSEG ”.

Sin embargo, esto no impidió que el gobierno español siguiera tramitando estos parques eólicos. Desde el Observatorio Eólico de Galicia defendemos que la Xunta se persone en los procesos de exposición pública para reiterar su desfavorable informe. También apelamos a la competencia exclusiva de la Xunta de Galicia en materia de ordenamiento territorial, siendo contrario a la ley intentar establecer parques eólicos fuera de las áreas asignadas por los planes sectoriales vigentes. Y esta afirmación es incluso válida tras la modificación de la Ley 8/2009, del sector eólico gallego, por la que la Xunta ha abierto la posibilidad de colocar aerogeneradores en cualquier zona rural que no cuente con protección urbanística específica, tal y como presentamos en esta misma web.

Protección ambiental y protección cultural, en serio riesgo

Este parque eólico también supondría un grave riesgo para los bienes medioambientales y culturales, afirman distintas voces que han estudiado en profundidad los proyectos expuestos al público. En el caso de los efectos ambientales, el parque eólico de Pena do Corvo es un ejemplo magnífico y terrible, según los escritos de Plataforma Monfero di Non. De hecho, el polígono de este parque eólico se encuentra dentro del área de la Red Natura 2000 que forma el Parque Natural Fragas do Eume, y varios de sus aerogeneradores se ubican dentro de la zona de amortiguamiento del propio parque natural. Con valores medioambientales de primer orden, el riesgo que supone para su conservación no estaría justificado con ningún volumen de producción eléctrica, afirman varias fuentes del municipio de Monfero.

En cuanto a la protección de los bienes culturales y los efectos del parque eólico Pena do Corvo sobre ellos, son numerosos los ejemplos que se han hecho públicos. Pensamos que lo más destacado es la concentración de efectos que se produciría en el Camino de Santiago Inglés cuando la LAT del parque eólico Pedra do Corvo y Alto dos Borrallos se acerca a la nueva subestación colectora para dar entrada desde allí a la Subestación Mesón do Vento, ya existente. Como se puede apreciar en la figura adjunta a esta noticia, a los pies de la subestación REE se encuentra el Castro de las Travesas y a pesar del soterramiento de parte del recorrido, los efectos en el Camino Inglés son evidentes.

La afección del parque eólico Pena do Corvo sobre el Bien de Interés Cultural Mosteiro de Monfero, también resulta significativa.

En resumen

Todo parece indicar que los 4 parques eólicos y sus infraestructuras se encuentran fuera del marco legal actual. Las movilizaciones sociales y los cientos de alegaciones presentadas están siendo analizadas por la Administración. Como en todos los casos anteriores, incluidos los 4.000 MW ya autorizados por la Xunta de Galicia, las comunidades rurales son meros espectadores que no cuentan con equipos de asesores, ni tienen los recursos necesarios para reaccionar ante un volumen de documentación tan enorme en un corto período de tiempo. Además, todos los parques eólicos procesados ante las dos administraciones no van acompañados de planes industriales para las comarcas gallegas, que permitan la creación de un tejido empresarial de base tecnológica que ponga a este país en la senda de la sostenibilidad social y medioambiental. Más bien, estamos siendo testigos de una carrera para recaudar fondos europeos, subvenciones de «fondos perdidos» causadas por una terrible desgracia como fue, y sigue siendo, la pandemia del covid-19. ¿No sería posible otro modelo?