Una vez más, el Observatorio Eólico de Galicia descubre que el medio rural queda al margen de cualquiera proceso de transición ecológica justa, en el que juegue un papel relevante. Al contrario, los aerogeneradores desarrollados por empresas externas al medio rural sitúan esas infraestructuras en territorios con mucha disponibilidad de potencial eólico, transforman los paisajes y realizan suculentos negocios dejando en el medio rural ridículas partes inútiles para hacer frente a las negativas tendencias que lo acorralan.
Este caso que contamos es, hasta ahora, el peor de los resultados de la implantación de parques eólicos en Galicia (sin tener en cuenta las expropiaciones). Ni tan siquiera 1.000 euros anuales por MW…..
Después de 10 años de tramitación, el parque eólico Serra das Penas fue puesto en marcha en 2019 por la empresa Enel Green Power España, S.L. (EGPE). Se trata de un parque eólico que tiene estas características:
El parque eólico, admitido a trámite en 2004, había sido autorizado en 2009 a la empresa Endesa Cogeneración y Renovables. Su Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal fue publicado en septiembre de 2009 a raíz del Acuerdo adoptado polo Consello de la Xunta de Galicia en su reunión del 30 de julio de 2009, por lo que se aprobaba definitivamente el proyecto sectorial de incidencia supramunicipal del mencionado parque eólico.
En 2010, los derechos del parque eólico pasan a Enel Green Power España, S.L. Además de esta, durante este período se producen otras modificaciones: cambio de la potencia total, cambio del modelo de aerogenerador y cambio en la declaración de utilidad pública.
Enel Green Power España, S.L. está participada al 100% por Endesa. Esta está participada por ENEL IBERIA, SL en el 70,1%, su vez propiedad total de ENEL SPA. Esta última compañía es propiedad del Estado Italiano en un 23,6%.
Se trata de un parque cuya tramitación se inició en 2004. Por diversas razones, se demoraron casi 15 años en finalizar el procedimiento. La empresa solicitó, y consiguió, la declaración de Utilidad Pública del parque, dando lugar a procedimientos expropiatorios. OEGA desconoce aún cuantos terrenos fueron expropiados, y cuáles fueron los precios justos alcanzados.
Durante el año 2018, la empresa puso en marcha lo que podemos denominar “Operación de Apropiación de Tierras” (OAT).
¿En qué consiste OAT? La empresa diseñó una estrategia empresarial para pagarle a los propietarios/las rurales la menor cantidad posible y para eso se valió, al menos, de dos palancas.
Agapito visitó a todos los propietarios y propietarias. Como buen negociador, realizó múltiples reuniones individuales, en las casas de cada uno de los propietarios. Volvió a cada casa tantas veces como fue necesario. Nunca realizó una reunión colectiva con todos o parte de los propietarios. Comenzó a conocer a cada una de las familias, sus nombres, de que vivían, principales problemas de cada casa, nombre de los abuelos y de los nietos, etc. Preguntaba siempre por la familia. Iba al bar del pueblo, y asistía a eventos eclesiásticos. Por supuesto, Agapito iba soltando la información que le interesaba en el momento oportuno, e iba calibrando el contenido de sus mensajes según el aprendizaje previo de la situación socioeconómica del propietario. Así, iba consiguiendo firmas en documentos que rápidamente reportaba a sus jefes inmediatos. Estos hacían apuestas sobre cuánto tiempo tardaría Agapito en conseguir el objetivo perseguido: tener cuantos más contratos firmados mejor con una cuantía cuanto menor mejor. Y así fue tirando Agapito, de sendero en sendero, de pastizal en pastizal, de chimenea en chimenea….
Con las limitaciones de información mencionadas antes, el resultado final es conocido por el OEGA: menos de 750 euros de pago anual en 2020 por la ocupación de tierras que ahora tienen clavado un aerogenerador, es decir, ocupadas en pleno dominio por EGPE. Cada turbina produjo en ese año, según nuestra propia estimación, 227.742,80 euros. Es decir, Agapito consiguió lo que nadie antes había conseguido: firmar un contrato donde lo que perciben los propietarios de las tierras ocupadas por pleno dominio se sitúa en el 0,65% de la facturación estimada.
Agapito se fue para otro territorio. Sigue usando su destreza negociadora para garantizar que su empresa pueda desarrollar parques eólicos que ocupan tierras agrarias por las que pagan una miseria a comunidades rurales indefensas. ¿Transición energética justa?