A partir de la iniciativa de la Asociación de Produtores de Madeura de Cedeira, OEGA visitó el Ayuntamiento de Cedeira en la pasada semana para desarrollar una actividad de asesoramiento y difusión de información sobre el parque eólico Badulaque.
Este parque se integra en lo que el Observatorio, y otros colectivos sociales y ambientales, hemos denominado el macroparque de Enel Green Power España, SL, en el oriente coruñés y en los ayuntamientos límite de Lugo (5 parques eólicos, 490 MW, 128 aerogeneradores de hasta 7 MW de potencia unitaria, más de 100 kilómetros de línea de evacuación, 200 metros de altura a punta de pala..). Lo denominamos así porque a pesar de estar tramitados de forma individual forman una única unidad de producción, desde Xermade hasta As Pontes de García Rodríguez en la que cualquiera de las instalaciones no se podría entender sin las otras, compartiendo subestaciones, línea de evacuación y, por supuesto, punto de evacuación. Eso no es ningún demérito, solo una realidad.
En el parque eólico Badualque, la filial de la gran empresa pública italiana Enel, la antigua empresa pública española Endesa, ha previsto invertir alrededor de 142 millones de euros, en un parque de 102,4 MW que producirá electricidad por medio de 16 aerogeneradores que tendrán una dimensión a punta de pala de 200 metros. El proyecto presentado estima una producción de casi 4.700 horas al año, una productividad que casi duplica la media actual de los parques gallegos. Otra particularidad de este parque es que todos sus aerogeneradores y sus instalaciones estarían fuera de las Áreas de Desarrollo Eólico, los espacios considerados viables por el “viejo” Plan Sectorial Eólico de Galicia. Es así, aprovechando la modificación de ese plan por medio de medidas parciales tomadas por la Xunta de Galicia con motivo de la aprobación de la Ley 9/2021, de 25 de febrero , de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia, que establece “No podrán implantarse parques eólicos fuera de las áreas incluidas en el Plan sectorial eólico de Galicia, con la excepción de las modificaciones sustanciales de los parques en funcionamiento en los términos que se desarrollen reglamentariamente, así como aquellos proyectos que tengan una clara incidencia territorial por su entidad económica y social, posean una función vertebradora y estructurante del territorio y sean declarados cómo tales por el Consejo de la Xunta de Galicia, por propuesta de la Conserjería competente en materia de energía.”
Por otra parte, el Badulaque ya obtuvo la autorización administrativa mediante resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del gobierno de España en abril de 2023. Sin embargo, la empresa solicitó una nueva autorización a un proyecto modificado, la raíz de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), reduciendo el número de aerogeneradores, incrementando su potencia unitaria y aumentando la potencia total del parque.
En un auditorio de Cedeira abarrotado de vecinos y vecinas, el profesor Simón centró su comunicación en compartir con el vecindario los efectos del parque sobre las tierras, la estimación del volumen de negocio asociado al parque y algunos datos sobre lo previsible impacto en las economías locales. La actividad finalizó con uno enriquecedor coloquio entre los asistentes.
El representante del OEGA indicó que la promotora no solicitó aún la utilidad pública de las instalaciones, por lo que la expropiación de las tierras no era una opción en el corto plazo. Al no existir una relación de bienes y derechos afectados, no se conoce el volumen total de la superficie por el que la empresa está dispuesta a pagar una renta anual (sus emisarios en la zona ya negocian con los vecinos). Nuestra recomendación es siempre la misma: las negociaciones conjuntas son mejores que las individuales, las decisiones precipitadas no son buenas consejeras (pues el parque eólico llega para quedar en esas tierras para toda la vida, la autorización no tiene fecha de caducidad), el contrato tipo elaborado por el OEGA debería ser un punto de partida bueno para las dos partes, el apoyo de los ayuntamientos (en el acto estaba el alcalde de Cedeira Pablo Diego Moreda Gil) es fundamental para que las prestaciones al vecindario, y no solo a los propietarios, sean las adecuadas para compensar el lucro cesante, la pérdida paisajística, el ruido generado por las máquinas, los daños ambientales, etc.
El profesor Simón compartió con los vecinos y vecinas la superficie que cambiará de cualificación urbanística, y en la que las propietarias perderán derechos al pasar de rústica forestal o rústica común a rústica de protección de infraestructuras. Esa superficie, considerando únicamente la vinculada a los aerogeneradores, se situará casi en las 200 hectáreas. Hasta las casi 8.300 hectáreas alcanzarán las Zonas de Solapamiento o zonas de exclusiones de competidores. Por la inmensa mayoría de esta superficie la empresa no pagará nada a sus legítimos propietarios a pesar de perder derechos básicos sobre las mismas. Una injusticia social y económica en toda regla, amparada en el diseño normativo del gobierno gallego.
Conociendo la producción estimada que señala la empresa, estimamos la facturación a través del precio de venta de la energía. Si el precio fuese la media del 2020, la facturación alcanzaría los 25 millones de euros. Hasta casi 60 millones si el precio se situase en la media de 2021. Ese volumen de facturación alcanzaría los 82 millones de euros anuales si el precio medio fuese el de 2022. Si alcanzase el de septiembre de 2023, esa facturación anual se situaría en casi los 54 millones. Unas cifras astronómicas para un ayuntamiento rural y costero como Cedeira, o Cerdido, Moeche o Valdoviño.
Los ayuntamientos recibirían un único pago por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Servicios de casi 5,7 millones (considerando que todos ellos aplican el porcentaje máximo permitido del 4%), alcanzando casi 3,2 millones al Cerdido, considerando el reparto en función del número de aerogeneradores. Los pagos anuales por el Impuesto de Bienes Inmuebles Especiales alcanzaría los 200 mil euros (a repartir entre los 4 ayuntamientos) y el Impuesto de Actividades Económicas iría hasta los 97 mil euros anuales para todos ellos. Por su parte la Xunta recaudaría casi 95.000 euros por el canon eólico.
Las ofertas que la empresa realiza por las tierras ocupadas (además de no considerar todos los efectos y pérdidas como se mencionaba antes) se sitúan en cantidades insignificantes si las relacionamos con la facturación estimada. Por el pleno dominio la empresa ofrece 0,7 euros por metro cuadrado, y por las servidumbres 0,35, muy lejos de los 1,17 que hemos detectado en algunos contratos para el primer tipo de afición y también lejos de los pagos por servidumbres que se alcanzan en otros contratos (0,58 euros por metro cuadrado). En este punto resultó muy interesante la reflexión del presidente de Apromace, Julio Aneiros, quien afirmó “ ….la empresa debería pagar por esas tierras como un solar eólico o energético y no como una tierra forestal pues un ferrado de eucaliptos produce 30 euros al año y la oferta de la empresa es de 150 por ferrado”, pero el valor de la tierra, decía Julio, es el que se relaciona con la producción eólica no con la producción de madera. Además, insistía el presidente, si lo comparan con el ferrado de eucalipto, “¿cuántas talas debían considerar? ¿Una o doscientas?”.
Los presentes quedaron sorprendidos de que haya empresas que pagan a las propietarias según un porcentaje de la facturación “que no impide el negocio eólico”, indicaba Simón.
En el debate final aparecieron nuevos argumentos por parte de la ciudadanía. Los que no eran propietarios y tienen un proyecto vital cerca del parque eólico consideraban que era totalmente injusto que vaya a cambiar su vida en medio rural con la llegada de grandes instalaciones industriales que nadie pidió y que en su caso ni siquiera iban a tener beneficios directos de ningún tipo. Otras vecinas se quejaron de que las casas aisladas podían estar la menos de 500 metros de los aerogeneradores causando un perjuicio enorme. Una intervención adicional se refería a porqué todo se medía con dinero, incidiendo en que el medio rural es mucho más que eso. Finalmente, un ganadero manifestó que las pérdidas de tierra que va a tener por el Badulaque le suponen un lucro cesante, es decir, una pérdida de ingresos, que la propuesta de la empresa ni siquiera alcanzaría a lo que cobraría por las ayudas de la PAC.
El parque eólico llega a Cedeira para toda la vida, para siempre jamás
La mejor estrategia es mantener una postura común de todas las propietarias, para defender lo que estas consideren mejor para el pueblo
El apoyo del ayuntamiento es crucial para conseguir incrementar el valor económico positivo que queda en Cedeira y minimizar los perjuicios
El OEGA tiene un contrato tipo, que es bueno para todas las partes