Parques eólicos en la capital gallega del arte rupestre: desarrollo empresarial con casi nulo impacto socioeconómico positivo en las comunidades rurales

• Autor: OEGA
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En la pasada semana, miembros del Observatorio Eólico de Galicia participaron en jornada de asesoramiento a los vecinos de Moraña y Campo Lameiro a consecuencia de varios parques eólicos que se desarrollan o están previstos en esas tierras de la provincia de Pontevedra. La actividad fue promovida por el Colectivo do Vento, una entidad comarcal que realiza actividades de puesta en valor del medio rural.

Al inicio de la jornada se procedió a visitar las obras del parque eólico Acibal que construye la empresa Norvento SLU. Para el vecindario este parque es muy controvertido como consecuencia de sus efectos ambientales y sociales. Se trata de un de los pocos parques eólicos en construcción en estos momentos en Galicia. Este parque eólico es, en cierta medida una caso atípico pues recibió dos autorizaciones administrativas (la primera publicada el 15 de septiembre de 2015 y la segunda mediante resolución publicada el 26 de abril de 2022). En esta de abril es en la que se ampara el actual proceso de construcción. Esta última resolución se inicia con la solicitud por la empresa de la autorización para lo que denomianban “proyecto de modificación sustancial del parque eólico Acibal”, pero finalmente la autorización concedida olvida lo de “modificación sustancial” y autoriza, como ya había hecho 7 años antes, el parque eólico Acibal. Mantiene la misma potencia de 12 MW y 4 aerogeneradores.

Las afecciones del PE Acibal, según la relación de bienes y derechos afectados, alcanza las 18,3 hectáreas. Toda esa superficie es comunal, perteneciente en su mayoría a la MVMC de Acibal de Rebón del ayuntamiento de Moraña. La CMVMC de Amil, también en Moraña, y las CMVMC de Perdecanai, en Barro, y CMVMC de Fragas, en Campo Lameiro, tienen bienes y derechos afectados pero sin ocupación de pleno dominio, únicamente servidumbres y vuelo.

En las estimaciones hechas por el OEGA, las superficies cuya cualificación pasará a ser considerada como rústica de protección de infraestructuras alcanza casi las 46 hectáreas, es decir 3 veces más de la superficie para la que la empresa solicitó su ocupación y que la Xunta incorpora en el expediente. Por su parte, hasta 600 hectáreas son de las que Norvento asume toda la titularidad eólica en un futuro, consecuencia de la “zona de exclusión de competidores”, según nuestra propia acepción de las zonas de solapamiento definidas en la Disposición Transitoria 6.2 de la Ley 8/2009. Es decir, en esa superficie solo esa empresa, o aquella que ella autorice, podrá iniciar el procedimiento para solicitar la colocación de más aerogeneradores.

La ciudadanía de Moraña y Campo Lameiro se sorprende de que la Xunta de Galicia no haya definido mecanismos para compensar la pérdida de valor que sufren las propiedades privadas, individuales y colectivas, tanto en el presente, al cambiar de cualificación urbanística, como en el futuro, al perderse la opción de desarrollar parques eólicos en otras tierras, esa superficie equivalente a casi 600 campos de fútbol.

Si nos referimos a los pagos directos a las comunidades de montes propietarias de las tierras, OEGA ha realizado unas estimaciones medias considerando los pecios ofrecidos por la promotora así como la productividad media del parque. La renta anual se situaría en 73.000 euros anuales. Si la promotora vendiera la electricidad al precio medio del mes de septiembre del 2023, la facturación total sería de casi 5 millones de euros, por lo que aquella renta supondría un escaso 1,5% del total.

Por otra parte, en la sesión de asesoramiento también se trataron temas referidos a los parques eólicos Zudreiro y Anduriña, promovidos por Green Capital Power, SL, de 23 y 41,4 MW de potencia, respectivamente. Se trata de dos parques que perdieron el derecho a la conexión a la red ya que según la normativa vigente esos parques debían haber alcanzado la evaluación del impacto ambiental antes de enero de 2023. Durante la jornada nuestros técnicos explicaron que la normativa reguladora (Real Decreto 118/2020 y Circular 1/2021 y Resolución 20 de mayo de 2021, ambas de la Comisión Nacional de los Comprados y la Competencia) establece una serie de hitos a alcanzar para que los permisos de acceso se mantengan vivos. La promotora no consiguió cumplir esos hitos pues la Xunta de Galicia no resolvió en tiempo la declaración de impacto ambiental.

En la realización de esta actividad de asesoramiento, OEGA contó con el acompañamiento del investigador Aviram Sharma, un investigador senior vinculado al Post-Growth Innovation Lab de la Universidad de Vigo.