
En menos de una semana tendrá lugar un hecho histórico en el panorama eléctrico español. El día 19 de octubre se producirá la Segunda Subasta para lo otorgamiento del régimen económico de energías renovables y por primera vez, en esa subasta se reservan 300 MW para ser adjudicados a propuestas que usando tecnología fotovoltaica sean instalación de “generación distribuida con carácter local”.
Es cierto que sólo es el 10% de los 3.000 MW objeto de subasta, y es verdad que su impacto en la transformación social de la base empresarial de las energías renovables será muy marginal, pero eso no debe ocultar que este es una gran victoria de los movimientos sociales que llevan décadas defendiendo la necesidad de descentralizar el sistema eléctrico y exigiendo su democratización.
En este procedimiento, se entenderá por local a aquellos participantes que estén empadronados (persona física) o tengan su domicilio fiscal (persona jurídica) en los ayuntamientos que se encuentren total o parcialmente a una distancia inferior a 30 kilómetros con el centro geométrico del lugar dónde se sitúen los equipos de generación.
Entre el 13 de septiembre y el 7 de octubre estuvo abierto el plazo para presentar candidaturas. La subasta tendrá lugar el día 19 de este mes. En ese mismo día se conocerá el resultado.
Para ser parte de este procedimiento se debía poseer alguna de las siguientes formas jurídicas.
La convocatoria contempla que la participación en el capital social o la financiación del proyecto se pueda producir por medio «crowdfunding» el «crowdlending».
La potencia máxima de las instalaciones será de 5 MW. Deberán estar conectadas a la red de distribución a una tensión igual o inferior a 45 kV.
El legislador tomó cuidado para evitar que estas instalaciones sean el resultado de una fragmentación artificial de proyectos de mayor envergaduras. De esta forma, se señala que en un radio de 500 metros no podrá existir una instalación del mismo titular y que las instalaciones deben contar de forma independiente para su operación con todos los equipos necesarios.
Al intentar promover la generación distribuida y la cercanía a los lugares de consumo, el legislador estableció una potencia límite máxima de cada instalación (siempre con ese máximo de 5 MW). Para alcanzar ese valor, en los 30 kilómetros alrededor de la instalación tendrán que existir un mínimo de 5.000 habitantes. Si hubiera sólo la mitad de habitantes, la potencia máxima del parque fotovoltaico para la producción local de electricidad no podría ser superior a 2,5 MW.
El primero y más importante está relacionado con el cambio de modelo de producción y consumo: producir localmente para consumir localmente, en redes locales, mediante instalaciones gestionadas por actores locales.
En segundo lugar, es esperable que las subastas produzcan resultados con unos precios de energía eléctrica muy por debajo de los precios actuales. Como bien sabemos, vivimos unos momentos terribles, para las familias y muchas empresas, con los costes energéticos disparados, provocando mayor pobreza energética doméstica e incremento desorbitado de los costes de producción, poniendo en riesgo muchos puestos de trabajo vinculados la pequeñas y medianas empresas que se mueven en márgenes estrictos de beneficio.
Menores precios de la energía eléctrica fue el resultado de la primera subasta, la celebrada en enero del 2021. Aquellos 3.000 MW fueron adjudicados a un precio medio de 25 €/MWh para un período de 12 años. La media de las instalaciones de fotovoltaica adjudicadas en esa subasta incluso fue menor: 24,82 €MW.
Desde el OEGA estamos esperanzados con este hecho y aguardamos que represente un punto de inflexión en el desarrollo de la transición energética. Es necesario avanzar en la descarbonización del sistema eléctrico pero también es tan importante cómo eso democratizar el sector y avanzar en propuestas de mayor equidad.