Nuevo informe sobre el impacto económico de la energía eólica en las zonas rurales de Galicia

• Autor: OEGA
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La Fundación Juana de Vega, en colaboración con la Fundación Isla Couto y la Universidad de Vigo, presentó hoy el informe «Impacto económico da enerxía eólica no medio rural galego: contexto, cambios e oportunidades», elaborado por el Observatorio Eólico de Galicia. El OEGA es una iniciativa apoyada por las Fundaciones antes mencionadas a través de un acuerdo con la Universidad de Vigo. Los investigadores de los grupos de investigación en Economía Ecológica y Rede, a saber, los profesores Xavier Simón, María Montero y Damián Copena, fueron los responsables de su elaboración.
El informe estima el impacto que la energía eólica ha tenido en las zonas rurales de Galicia en las últimas décadas de fuerte desarrollo con el objetivo de establecer el nivel de justicia energética que se ha logrado en nuestra sociedad al implementar esta nueva fuente de energía renovable. Esta transición energética tuvo lugar gracias a la combinación de dos factores: la existencia de energía eólica en muchas áreas de Galicia y el uso de un marco regulatorio que favoreció la puesta en marcha de instalaciones de energía eólica. El sistema diseñado por el regulador tenía como objetivo colocar tantos parques eólicos como fuera posible. Sin embargo, desde el punto de vista del Observatorio Eólico de Galicia, no tuvo suficientemente en cuenta otros aspectos como los relacionados con los impactos económicos en el mundo rural.
Por un lado, el marco regulatorio no otorgó a los habitantes del mundo rural ni a los propietarios de las tierras afectadas por las plantas de energía eólica la capacidad de tomar decisiones sobre la puesta en marcha de los parques eólicos. En el mismo sentido, los agentes rurales no han podido desempeñar un papel relevante en la planificación del desarrollo eólico y no tuvieron la capacidad de autogestionarse el recurso eólico a partir de figuras específicas como parques eólicos cooperativos o comunitarios, oportunidades que se han promovido en otros países en los que se impulsó la participación ciudadana.
Por otro lado, el marco regulatorio ha otorgado a las empresas promotoras derechos clave para explicar el éxito de la instalación del parque eólico. Por ejemplo, el derecho a solicitar la declaración de utilidad pública de los parques eólicos en proceso administrativo con la consiguiente posibilidad de expropiación de los terrenos eólicos afectados por las centrales eléctricas. La posibilidad de expropiación afecta las negociaciones entre los promotores y los propietarios, de modo que los alquileres que los propietarios de los parques eólicos cobran por su ocupación, la transferencia principal que recibe directamente el rural, pueden estar condicionados por ese hecho. También debe mencionarse que el marco regulatorio ha permitido que un número limitado de promotores tengan derechos preferenciales sobre las áreas más productivas, lo que estuvo acompañado de autorizaciones de parques eólicos sin fecha de vencimiento.
Hubo algunas excepciones, como la de algunos Ayuntamientos que tuvieron la oportunidad de desarrollar pequeños parques eólicos, como fue el caso de los llamados parques eólicos singulares. Además, desde 2010, los Ayuntamientos también se han beneficiado de nuevos ingresos vinculados al impacto del paisaje de los parques eólicos que se recaudan a través del Canon de Energía Eólica y se distribuyen entre los municipios de acuerdo con diversos criterios. Los Ayuntamientos también recaudan varios impuestos que se aplican a los parques eólicos , mejorando su tesorería y beneficiando irectamente a las comunidades rurales.
El marco regulatorio ha determinado todos los aspectos del desarrollo eólico y, por lo tanto, la naturaleza, el tipo y el alcance de la participación de las comunidades rurales, incluida su participación en los beneficios producidos. En el caso gallego, la legislación eólica ha sufrido varias modificaciones desde el Decreto 205/1995, el primer decreto sobre viento de una Comunidad Autónoma, hasta los cambios recientes a finales de 2017, donde se realizaron algunas modificaciones normativas que intentan impulsar la instalación de nueva energía eólica después del parón eólico iniciado en 2008.
En este contexto de cambios recientes en el entorno eólico gallego, el informe estimó la cantidad total de impactos económicos directos resultantes de la implantación eólica para los agentes del mundo rural en 27,86 millones de euros en 2017, alrededor del 5% de la facturación total estimada por la venta de energía procedente de parques eólicos. Como se indica en el texto, el Observatorio Eólico de Galicia considera que estos alquileres podrían ser más altos sin comprometer el proceso de transición energética. En este sentido, se señalan dos tipos de medidas: las que no requerirían cambios regulatorios y las que requerirían cambios legislativos previos.
El informe se puede descargar de forma gratuita haciendo clic aquí.