Concentración parcelaria y energía renovable: de Portodomouros a Zamorra y Estivadas

• Autor: OEGA
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En la actividad de asesoramiento que desarrollamos en Agolada ocurrió algo que nunca antes había pasado cuando el OEGA se acerca al medio rural para compartir con el vecindario información relativa a parques eólicos. Los vecinos y vecinas eran muy conscientes, y así lo manifestaron, que en Agolada hay dos modelos territoriales en lucha: el que representan las energías renovables y el que representa la riqueza agraria y ganadera. El primer modelo representado por el embalse de Portodemouros, que lleva 54 años produciendo energía libre de CO2, el parque eólico Serra do Faro, operando desde 2005, y los parques eólicos en proceso de autorización, Zamorra y Estivadas. El segundo modelo, construido alrededor de una riqueza agraria vinculada con la producción ganadera y otras producciones agrarias de interés como son los olivos, la vid, el cultivo forrajero y otros. Este segundo modelo, en un conjunto de 8 parroquias de Agolada, muy relacionado con la concentración parcelaria.

Vamos a ver esto por separado, para después reflexionar sobre algunas conclusiones derivadas de nuestro proceso de aprendizaje durante varias semanas sobre este particular ayuntamiento de las tierras del Ulla y el Arnego.

Una historia energética de malos recuerdos

El inicio del embalsamento de agua del río Ulla con las compuertas de Portodemouros para producir electricidad nadie lo recuerda como una buena noticia para la Comarca. No trajo puestos de trabajo ni oportunidades para las comunidades locales. Se producía energía que alimentaba procesos de industrialización lejos de esas tierras. Tampoco trajo compensaciones justas para las dueños de las tierras y de las casas inundadas. Portodemouros dividió las parroquias, rompió la continuidad territorial, destruyó valles de tierras de primer nivel agronómico, enterró patrimonio cultural y trajo un cambio en las condiciones climáticas locales, incrementando la humedad y los días de nieblas. Además, en aquellos tiempos no se realizaba evaluación ambiental de los proyectos por lo que se puede imaginar fácilmente que no se tomó en cuenta ninguna medida que llevara a evitar las pérdidas ambientales en el ecosistema fluvial o de la misma Ría de Arousa, donde desemboca el Ulla.

Con más de 90 MW, Portodemouros suma más capacidad de producción que la eólica ya en funcionamiento (Farelo, 28,6 MW de los que 17,6 en Agolada) o la prevista en los parques Zamorra (31,15 MW) y Estivadas (36 MW). La central de Portodemouros está en el vecino ayuntamiento de Vila de Cruces. Las más de 1.200 hectáreas inundadas por Portodemouros fueron compradas por la empresa o expropiadas. No hay renta anual de ningún tipo para los propietarios. La empresa paga por el Impuesto de Actividades Económicas la Vila de Cruces, y por el Impuesto de Bienes Inmuebles a los ayuntamientos (Agolada, Arzúa y Santiso) a los que pertenecen las tierras inundadas. No son cantidades muy significativas. Tampoco las que reciben los propietarios de las tierras donde se asienta el PE Farelo. Esas dos actividades de generación de energía no contribuyeron a la mejora de la calidad de vida en las comarcas afectadas.

La concentración parcelaria, una demanda histórica

El vecindario de Agra, Sexo, Baiña, Val, Berredo, Eidián, Basadre y Ramil, 8 parroquias de Agolada, llevan 20 años detrás de la parcelaria en 2.600 hectáreas. El proceso de la concentración se inició me lo año 2002, tuvo la Declaración de Impacto Ambiental favorable pero a día de hoy no se finalizó. Los vecinos y vecinas golpearon en todas las puertas pero la parcelaria no avanza: crearon una Asociación, hicieron manifestaciones, llevaron la parcelaria al Parlamento gallego, intentaron reunirse con dirigentes autonómicos con responsabilidades en el tema, pero nada fue eficaz. Después de casi 1 millón de euros gastados por la Xunta de Galicia, después de algunas promesas y después de 20 años de espera, la base territorial idónea que buscan en Agolada para desarrollar actividades productivas no llega.

En la reunión que mantuvimos en el auditorio municipal de Agolada, varias personas se refirieron la esta situación como “una de las mayores injusticias que llevamos padeciendo las vecinas de Agolada. Nosotros queremos trabajar la tierra y necesitamos de una ordenación del territorio, y no se hace”. Esta lentitud y paralización en la modernización agraria y ganadera de Agolada nada tiene que ver con la “alfombra pelirroja” que se le pone a los pies de las empresas eólicas.

Impacto territorial de la eólica en Agolada

Los dos nuevos parques en tramitación (Zamorra y Estivadas) tampoco van a ser un elemento detonante para la mejora de la calidad de vida del vecindario de Agolada. Por una parte, la empresa promotora sigue una táctica clásica para este tipo de procesos: mandan a “Agapito” (nombre ficticio del intermediario enviado por la empresa) casa por casa para hacer ofertas a las personas. No hace reuniones colectivas. Muchas veces las ofertas son verbales. Casi siempre se introduce la expropiación como arma intimidatoria, cuando no lo de “o firmas o movemos los aerogeneradores para la parcela de tu vecino”. Agapito es un experto negociador. El vecindario no sabe casi nada del negocio eólico. Y con todo esto, al final, si los parques se construyen, las rentas que quedan en el rural de Agolada serán unas migajas que en poco o en nada ayudarán a cambiar las dinámicas locales de pérdida de población, de ausencia de trabajos y, mucho menos, a dotar de base territorial a las explotaciones agrarias. Con el precio medio de septiembre de 2023, esos dos parques eólicos facturarían cada año 21,5 millones de euros para una inversión conjunta de 50 millones. Los números son fáciles de realizar.

Por otra parte, estos dos parques eólicos supondrán cambio en la cualificación urbanística más de 100 hectáreas para cada uno de los parques. Esas propiedades perderán valor ya que la calificación como Superficie Rústica de Protección de Infraestructuras impedirá algunos aprovechamientos agrarios y forestales y descartará cualquier futura construcción. Además, 1.115 hectáreas en el caso de Estivadas, y 1.463 en el caso de Zamorra, quedarán bajo el control de la empresa promotora para futuras instalaciones de parques eólicos. Los propietarios pierden ese derecho. Los parques eólicos consiguen una autorización que no tiene fecha de caducidad, “llegan a las aldeas para quedar allí para siempre”. ¿Porqué hipotecar la opción de desarrollo eólico local, del propio ayuntamiento, o comunitario, de la ciudadanía y de las CMVMC? La vida da muchas vueltas, pero hoy las empresas promotoras se hacen con unos derechos por los que no pagan nada.

En el caso de Estivadas, dado que la empresa solicitó la declaración de utilidad pública, podemos hacer una última comparación. La Relación de Bienes y Derechos Afectados que aparecen en el DOG son 33 hectáreas. Es decir, como máximo la empresa está dispuesta a pagar por esa superficie. Pero el cambio de calificación urbanística supera las 100 hectáreas y la superficie sobre la que la empresa evita cualquier uso eólico futuro, incluido el local o comunitario, son 1.115 hectáreas. La empresa no está dispuesta a pagar nada por los derechos que pierden los legítimos propietarios.

En conclusión

Los vecinos y vecinas de Agolada quieren continuar a trabajar la tierra y quieren hacerlo de forma digna. La parcelaria ayudaría y mucho. Pero los responsables políticos no están por la labor y después de 20 años siguen a la espera de poder conseguir una base territorial suficiente. Esta lentitud contrasta con la aceleración energética vinculada a los parques eólicos. Portodemouros, un ingenio industrial que destruyó parte del patrimonio cultural y ambiental del Ulla, del Arnego y de la Ría de Arousa, es el ejemplo que nos muestra como no se deben hacer las cosas si lo que queremos es que el rural tenga futuro, un futuro digno. Siguiendo con el mismo modelo, el resultado, desgraciadamente, será convertir a la Galicia rural en un desierto. Sin personas, pero con industrias para producir energía.